En los últimos años, nuestro país ha introducido importantes reformas normativas en materia de cumplimiento, particularmente en las áreas de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, incluyendo prevenir la corrupción de los funcionarios públicos. Se tratan de temas de suma actualidad en la agenda legislativa del gobierno y el parlamento, y su debate está impulsado por las consecuencias de los recientes escándalos de corrupción gubernamental y de las grandes empresas que han afectado al país y la región latinoamericana.
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